Blog de la Sección Sindical de UGT Estiba en el Puerto de Bilbao

10 febrero 2017

UGT ve inasumible la propuesta del Fomento.


Reunión entre el Ministerio de Fomento, sindicatos y patronal sobre el modelo de estiba portuaria

UGT ve inasumible la propuesta de Fomento para la estiba portuaria y apuesta por la negociación entre las partes


MADRID, 10 DE FEBRERO DE 2017


Tras la reunión mantenida en la mañana de hoy entre los sindicatos UGT, Coordinadora y CCOO; la asociación empresarial Anesco y el Secretario de Estado de Fomento para informar a las partes sobre el Real Decreto para la modificación del modelo de gestión de la estiba portuaria, UGT quiere trasladar lo siguiente:

  • El Real Decreto-Ley que pretende aprobar el Gobierno antes del próximo 17 de febrero es inasumible para nuestra Organización, pues no es sensible a los planteamientos que sindicatos y patronal consensuaron en el documento “Bases para la elaboración de una propuesta común para la reforma legal del régimen de la estiba en España”, fechado el 23 de julio de 2015 y actualizado el pasado 24 de enero de este año.

  • Dicha propuesta, según Fomento, cruza algunas líneas rojas que son incompatibles con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En todo caso, debe servir como base para negociar un modelo consensuado entre todos los agentes del sector, incluido el Ministerio de Fomento.

  • El Ministerio de Fomento nos ha ofrecido plantear todas las cuestiones que consideremos oportunas sobre la literalidad del borrador del Real Decreto de cara a resolver dudas. Sin embargo, pretendemos ir más allá de esta propuesta, ofreciendo alegaciones que, con ánimo constructivo, puedan ir limando lo que hoy es, para nosotros, una imposición legislativa que dinamitaría las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria y pondría en riesgo, incluso, la competitividad del sistema portuario español en el contexto europeo.

  • UGT tiene voluntad de negociar –a contrarreloj– un modelo de gestión en la estiba portuaria que sea compatible con la sentencia del TJE pero sin renunciar al equilibrio entre los intereses legítimos de todos los agentes del sector: trabajadores, empresas y Administración Pública.


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