UGT ESTIBA BILBAO

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO

Jueves 16 de Marzo de 2017 | FeSMC-UGT

Los grupos parlamentarios PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, PDCat, EH Bildu, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Marea, con su negativa, y también Ciudadanos, con su abstención, han logrado que la responsabilidad se imponga en el Congreso y no se convalide el decreto ley propuesto por el ministro de Fomento, autoritario, que no cuenta con el consenso del sector.

Los sindicatos Coordinadora, UGT, CCOO, CIG y CGT desconvocarán la huelga para todos los días previstos: 17, 20, 22 y 24 de marzo. Las organizaciones sindicales confían en que, desde ahora, se abra una mesa negociadora seria y rigurosa en la que puedan participar, además del Gobierno, todos los agentes del sector para lograr que la modificación del modelo de estiba para dar una respuesta a los requerimientos del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sea un documento consensuado con el que se identifiquen las distintas partes.

El día de hoy supone un punto de partida para una negociación efectiva que logre que la sentencia europea sirva para mejorar un sistema portuario –de los más competitivos de Europa– que devuelva la tan necesaria estabilidad a los puertos y continúe alimentando el crecimiento de la economía española, a la vez que respete los derechos de los trabajadores. De este modo, ganaremos todos.

La oposición del PSOE a la convalidación del Real Decreto Ley 4/2017 aprobado por el Gobierno abre una nueva oportunidad para el diálogo y la negociación, exigida también por el resto de grupos políticos: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, IU, EAJ-PNV, ERC, PdCat y Coalición Canaria; y ese es el fin último del preaviso de huelga que hemos convocado los trabajadores.

Así, los sindicatos Coordinadora, UGT, CCOO, CIG y CGT, acuerdan suspender las convocatorias de huelga convoada para los días 6 y 8 de marzo próximos, con la intención de que un clima de normalización laboral anime al Ministerio de Fomento a salir de su cerrada posición e invite a la negociación real, mediante la constitución de una mesa de diálogo sobre la modificación del decreto ley presentado por el Gobierno para su convalidación.

La normativa que actualmente propone el Gobierno desvanece cualquier posibilidad de acuerdo con las empresas, pues ofrece a los grupos financieros y especuladores internacionales, máximos accionistas y propietarios de las terminales en todos los puertos españoles, la oportunidad de deshacerse de sus trabajadores a cuenta del erario público, de precarizar el empleo y las condiciones de trabajo.

De hecho, no ha habido ningún avance en la negociación con las empresas a pesar de la reunión técnica celebrada en la tarde de ayer en la sede del CES. Las empresas no se comprometen a mantener en sus puestos de trabajo a sus actuales trabajadores portuarios, ni aportaron los datos que se comprometieron entregar a los sindicatos y al Presidente del CES para justificar los supuestos excedentes de las plantillas en cada puerto.

Con esta decisión de suspender la huelga los días 6 y 8 de marzo, los trabajadores mostramos nuestra disposición al diálogo y esperamos que sea correspondida por el Ministerio y por la patronal Anesco. Para evitar el conflicto no se puede pedir a los despedidos que sean razonables. Lo razonable es garantizar la continuidad en el empleo a los trabajadores, que no es otra cosa que la subrogación laboral establecida en el Estatuto de los Trabajadores.

No se puede seguir atribuyendo a la Sentencia del TJUE el despido de los trabajadores portuarios que, en realidad, es una decisión política de Puertos del Estado, ratificada por el ministro de Fomento. 



Nota:
Aunque el partido EH Bildu no aparece mencionado en el comunicado, en todo momento se han mostrado contrarios al decreto y su disposición a votar en contra del mismo una vez sea presentado ante el parlamento. Así nos lo han hecho saber tanto cuando sus representantes en el congreso recibieron a los responsables de estiba de UGT, como recientemente en la reunión mantenida por una delegación de EH Bildu con el Comité de Empresa de Bilboestiba. (enlace a la noticia)

Hoy martes 28 de febrero ha tenido lugar la tercera reunión presidida por Marcos Peña, mediador designado por el ministerio de empleo, entre la asociación de empresas estibadoras (Anesco), y las organizaciones sindicales más representativas del sector (Coordinadora, UGT y CCOO).


Después de una reunión marcada por una larga interrupción cercana a las dos horas debida a un receso solicitado por los representantes de Anesco, al final de la misma las partes han acordado iniciar un proceso formal y continuado de negociación, animado por los siguientes principios:

1. Comprometerse con la continuidad en el empleo de los actuales trabajadores portuarios, y gestionar en el futuro el excedente -en caso de que existiera- a través del acuerdo y los procedimientos legales previstos, así como los mecanismos de subrogación que, en su caso, se convinieran.


2. Garantizar la competitividad de las empresas, negociando las medidas organizativas que las favorezcan.


3. Continuar el proceso de negociación hasta dar respuesta a las nuevas necesidades que afectan al sector

Durante el día de mañana se prevén contactos de tipo técnico entre abogados de las partes, por lo que queda pendiente que el mediador fije la fecha de la próxima reunión; que sería más que conveniente que se celebrara a lo largo de esta misma semana, porque ya va siendo hora de que empiecen a cristalizar en algo palpable las buenas intenciones que siempre expresa Anesco en sus comunicados, pero que luego parecen incapaces de llevar a la práctica, cuando no desmienten con hechos posteriores o declaraciones extemporáneas de algunos de sus elementos más extremistas. La garantía de continuidad y estabilidad en el empleo de los estibadores actuales es una condición innegociable para nosotros, y mientras esto no esté garantizado presentaremos batalla en los puertos con todas las armas legales a nuestro alcance, huelgas incluidas. Una vez que eso esté garantizado, las empresas saben que no encontraran dificultades en negociar las medidas organizativas, y de competitividad que sean precisas para afrontar con éxito el futuro del sector.


El ministerio de fomento, y el gobierno en minoría del PP, bien harían en tomar nota de la voluntad expresada por las partes implicadas en pos de avanzar a través del diálogo y la negociación, y asumir su más que manifiesto error al imponer un decreto que dinamita cualquier posibilidad en ese sentido.


La única salida aceptable para los trabajadores pasa por retirar el decreto y aceptar la oferta de los numerosos grupos parlamentarios de la oposición para alcanzar un acuerdo negociado, que por supuesto de cumplimiento a la sentencia europea, y que a la vez que garantice los derechos de los estibadores, su continuidad en el trabajo y posibilite un clima propicio para que la negociación colectiva con las empresas estibadoras.

Finalmente se ha consumado el despropósito ya anunciado por el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (noticia1, noticia2), y en el último consejo de ministros se ha acordado publicar en el BOE el Real Decreto-Ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica (se aniquila más bien) el régimen actual de estiba con la excusa de adaptarlo a una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por todos conocida, y que en ningún caso exigía al gobierno español este tipo de reformas antisociales en el sector, y que son únicamente fruto de su agenda política, del desprecio hacia los trabajadores españoles, y de su sumisión a los dictados de las grandes corporaciones; confiando seguramente en que en el futuro ya les caerán las migajas correspondientes por los servicios prestados.

Enlace al Decreto.

¿Y después del decreto? 


Resulta, cuando menos sorprendente, por no decir inquietante, que un gobierno democrático en clara minoría, se empeñe en imponer sin ningún tipo de consenso y negociación, ya no sólo con las partes implicadas, sino con el resto de grupos parlamentarios a quienes necesita para sacar adelante este tipo de iniciativas, una modificación de ley  de este calado, cuando se trata además de acabar con una ley que, en su tramite parlamentario en 2011, contó con la participación y consenso de una amplia mayoría  política, social, y empresarial.

¿Que puede pasar a partir de ahora?


Confiando unicamente en una gran capacidad para distorsionar la realidad e influir en la opinión pública, manipulándola, gracias al abusivo control de esa gran maquina de propaganda gubernamental en la que se han convertido buena parte de los medios de comunicación actuales, se ha lanzado a tumba abierta, en una carrera de despropósitos, mentiras y medio-verdades, con el objetivo de difamar, atacar y criminalizar al conjunto de estibadores portuarios españoles, como tantas veces han hecho con otros colectivos de trabajadores.

Se apela a la supuesta inminencia de las multas que el estado español tendría que pagar si no se aplica la sentencia, para hacerlo de manera urgente mediante decreto ley. Como les gusta a los políticos de escasa talla esta fórmula que les permite evitar cualquier debate político y poner de manifiesto su escasa preparación y disposición para la negociación y el consenso. Se responsabiliza, además, de esos hechos a los propios estibadores, cuando es únicamente responsabilidad de los últimos titulares de la cartera de fomento, y de sus altos funcionarios, que desde diciembre de 2014 en que se conoció la sentencia del TSJUE no se haya trabajado con responsabilidad, pese a los numerosos requerimientos de los sindicatos de estiba en este sentido, y se haya dejado pasar el tiempo hasta llegar precisamente a este momento; o son unos vagos y unos irresponsables, o bien ésa ha sido su estrategia desde el principio para poder imponer su agenda neoliberal en los puertos españoles.

Si todo el tiempo que han gastado en pasearse por las diferentes televisiones y cadenas de radio tratando de distorsionar y modelar la realidad a su gusto, lo hubieran empleado en negociar una modificación consensuada de ley con los actores implicados y con los grupos políticos de la oposición, hace tiempo que seguramente tendríamos una ley de estiba que respetara las exigencias del tratado de la unión recogidas en la sentencia del TSJUE, garantizara el empleo de los estibadores, la negociación colectiva, y ofreciera seguridad jurídica y competitiva a las empresas estibadoras actuales y futuras.

Por suerte, parece ser que la falta de responsabilidad de la que está haciendo gala el gobierno no se ha contagiado al resto de partidos políticos, y que esta vez no se han dejado engañar por tan manida estrategia, ni se están doblegando a la presión mediática que este gobierno inoperante está lanzando sobre ellos; y parece ser que han comprendido que al contrario de la versión oficialista, no son los estibadores los que tratan de doblegar a las instituciones ejerciendo su derecho a la huelga y a la protesta, sino que es el propio gobierno quien trata de pasar por encima de ellas llevando la política al fango del descrédito, el autoritarismo y la propaganda más propias de otros regímenes y otras, por algunos tan añoradas, épocas.


Nota:
En Grecia ya se reformo la estiba hace unos años, y esto en lo que "disfrutan" ahora por allí: acceder al enlace.

Reunión entre el Ministerio de Fomento, sindicatos y patronal sobre el modelo de estiba portuaria

UGT ve inasumible la propuesta de Fomento para la estiba portuaria y apuesta por la negociación entre las partes

MADRID, 10 DE FEBRERO DE 2017

Tras la reunión mantenida en la mañana de hoy entre los sindicatos UGT, Coordinadora y CCOO; la asociación empresarial Anesco y el Secretario de Estado de Fomento para informar a las partes sobre el Real Decreto para la modificación del modelo de gestión de la estiba portuaria, UGT quiere trasladar lo siguiente:

• El Real Decreto-Ley que pretende aprobar el Gobierno antes del próximo 17 de febrero es inasumible para nuestra Organización, pues no es sensible a los planteamientos que sindicatos y patronal consensuaron en el documento “Bases para la elaboración de una propuesta común para la reforma legal del régimen de la estiba en España”, fechado el 23 de julio de 2015 y actualizado el pasado 24 de enero de este año.


• Dicha propuesta, según Fomento, cruza algunas líneas rojas que son incompatibles con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En todo caso, debe servir como base para negociar un modelo consensuado entre todos los agentes del sector, incluido el Ministerio de Fomento.


• El Ministerio de Fomento nos ha ofrecido plantear todas las cuestiones que consideremos oportunas sobre la literalidad del borrador del Real Decreto de cara a resolver dudas. Sin embargo, pretendemos ir más allá de esta propuesta, ofreciendo alegaciones que, con ánimo constructivo, puedan ir limando lo que hoy es, para nosotros, una imposición legislativa que dinamitaría las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria y pondría en riesgo, incluso, la competitividad del sistema portuario español en el contexto europeo.


• UGT tiene voluntad de negociar –a contrarreloj– un modelo de gestión en la estiba portuaria que sea compatible con la sentencia del TJE pero sin renunciar al equilibrio entre los intereses legítimos de todos los agentes del sector: trabajadores, empresas y Administración Pública.